SCAM Act: Cómo frenará la publicidad engañosa en redes sociales
ADN
La entrada en vigor de la SCAM Act marca un posible punto de inflexión en la lucha contra la publicidad engañosa en redes sociales, generando expectativas sobre un mayor control y transparencia en las plataformas digitales.
Tl;dr
- Estados Unidos propone ley contra anuncios engañosos en redes.
- Meta habría obtenido 16.000 millones con publicidad fraudulenta.
- Las estafas digitales costaron 19.000 millones a estadounidenses.
Un nuevo frente en la lucha contra la publicidad engañosa
Las sospechas sobre la permisividad de las grandes plataformas digitales ante la proliferación de publicidad fraudulenta han provocado un movimiento legislativo sin precedentes en Estados Unidos. Esta semana, los senadores Ruben Gallego (demócrata, Arizona) y Bernie Moreno (republicano, Ohio) han presentado conjuntamente una propuesta conocida como SCAM Act, con el objetivo de obligar a las compañías tecnológicas a controlar, de manera efectiva, el contenido publicitario ilícito o engañoso que se difunde en sus servicios.
Ley SCAM: nuevas reglas para los gigantes tecnológicos
La propuesta legislativa establece que plataformas como Meta, así como otras redes sociales, deberán implementar medidas «razonables» para prevenir anuncios fraudulentos o ilícitos. Si estas obligaciones no se cumplen, tanto la Federal Trade Commission (FTC) como los fiscales generales estatales tendrán la facultad de emprender acciones civiles contra las empresas responsables. Este enfoque busca cambiar radicalmente el panorama de autorregulación actual en el que operan estos gigantes digitales.
Cifras que alarman: ganancias y perjuicios millonarios
El contexto económico detrás de esta iniciativa resulta especialmente relevante. Una investigación publicada por Reuters desvela que hasta un 10% de la facturación anual de Meta en 2024 provendría directamente de este tipo de publicidad problemática, lo que equivaldría a unos 16.000 millones de dólares generados por fraudes. Las prácticas internas dejan entrever una tolerancia preocupante: algunos anunciantes fueron expulsados solo después de ser denunciados reiteradamente —en ocasiones más de quinientas veces si se trataba de grandes clientes—. Además, existía una directriz interna según la cual ninguna acción debía afectar a más del 0,15% del volumen total de negocio.
Creciente impacto social y respuestas políticas
Los datos proporcionados por la FTC elevan aún más el grado de alarma: solo en 2024, las víctimas estadounidenses perdieron cerca de 19.000 millones de dólares a causa del fraude digital, cifra especialmente dramática entre los mayores. Varios elementos explican esta situación:
- Laxitud regulatoria previa en el sector tecnológico.
- Dificultad para rastrear y eliminar anuncios fraudulentos masivos.
- Atractivo económico para las plataformas al no frenar estas prácticas.
Para los impulsores del proyecto, no cabe duda: si una red social obtiene beneficios directos por permitir anuncios sospechosos, debe asumir responsabilidades claras ante sus usuarios y ante la sociedad. Así pues, mientras se intensifica el debate público sobre la regulación digital, la propuesta SCAM marca un hito concreto —aunque quizá insuficiente— hacia un mayor equilibrio entre innovación tecnológica y protección ciudadana.