Postergada la audiencia que definirá el aumento en las tarifas de transporte
Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, presentó un amparo que establece un plazo de cinco días para adoptar medidas que garanticen los derechos mencionados, en busca de ajustar el proceso de participación ciudadana y la tarifa cuadrada. ¿Qué cambios se esperan de esto?
Tl;dr
- Justicia suspende audiencias para aumentar tarifas de transporte.
- Amparo presentado por Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.
- Suspensión momentánea de la convocatoria a referentes del sector.
- Propuesta del Gobierno: incremento tarifario desde el 1 de febrero.
Suspensión judicial de las audiencias sobre tarifas de transporte
La Justicia ha intervenido en el debate sobre las tarifas de transporte en Argentina, aceptando un amparo que solicita la suspensión de las audiencias que iban a discutir el aumento de las tarifas de autobuses y trenes a nivel nacional, previstas para febrero. Esta medida paraliza la consulta pública durante cinco días.
El amparo presentado contra el aumento de tarifas
El amparo fue presentado por Fernando Gray, el intendente de Esteban Echeverría, quien expresó su desacuerdo con el proceso implementado por la Secretaría de Transporte para actualizar las tarifas de transporte público. Según Gray, “No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía. Les dificultarán más la vida a las trabajadoras y los trabajadores”.
Las tarifas propuestas por el Gobierno
El Gobierno había propuesto que el próximo incremento tarifario comience a regir desde el 1 de febrero. De acuerdo a las previsiones oficiales, el boleto mínimo pasaría de $76,92 a $270. Para los autobuses, habían anunciado que el mínimo sería de $270 en AMBA, con incrementos por kilómetro recorrido. Mientras que para los trenes, se tenía previsto un aumento del 170% en AMBA.
Opinión editorial
Este hecho representa un importante precedente en la lucha por la justicia social y la equidad en Argentina. Es fundamental que las decisiones que afectan a millones de familias se tomen con transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, esta es sólo una pequeña victoria en una batalla más grande. Es necesario que el gobierno reconsidere su enfoque y busque soluciones más justas y equitativas para el sistema de transporte público.