La Justicia indaga al Gobierno sobre beneficiarios de Potenciar Trabajo que viajaron al extranjero
Franco Picardi, el fiscal, está investigando cómo el Ministerio de Desarrollo Social maneja la distribución de ayuda social, en relación con un caso sobre el uso de estos fondos para financiar cruceros y vuelos de lujo. ¿Qué descubrirá?
Tl;dr
- 160.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo viajaron al exterior.
- El fiscal federal Franco Picardi investiga las supuestas irregularidades.
- Fiscal Picardi solicita medidas de prueba al gobierno.
- Se sospecha que beneficiarios salen del país solo para cobrar el plan.
Escándalo en el plan Potenciar Trabajo
Un reciente escándalo ha sacudido al gobierno tras la revelación de que alrededor de 160.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo han realizado viajes al extranjero, algunos incluso disfrutando de cruceros de lujo, desde 2020. Esto ha provocado que el fiscal federal Franco Picardi solicite al gobierno una serie de medidas de prueba para investigar las posibles irregularidades en la asignación de estas ayudas.
Investigación en curso
La investigación fue gatillada por la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien solicitó la baja de 159.919 beneficiarios del Potenciar Trabajo que habían realizado viajes al extranjero en los últimos tres años. Según la investigación, estos beneficiarios se valieron de cruceros, embarcaciones y aerolíneas de alta gama para realizar sus viajes.
Medidas de prueba solicitadas
Picardi ha pedido una serie de medidas de prueba a la jueza María Servini, encargada del caso. Entre estas medidas, el fiscal solicitó al Ministerio de Desarrollo Social conocer las normas que regulan la concesión del plan. También se pidió a la Unidad Fiscal para la investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social saber cuáles son los viajes denunciados en la causa.
Beneficiarios sospechosos
Marijuan sostiene que muchos de los beneficiarios del plan han salido de Argentina a países limítrofes. Se sospecha que estos individuos solo retornan al país para cobrar el beneficio del plan, sin realmente vivir en el territorio argentino. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que hubo irregularidades y que ya se han dado de baja unos 1.100 planes.
Opinión editorial
Este caso pone en relieve la necesidad de un control más estricto en la asignación de ayudas gubernamentales. Es vital que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y no sean mal utilizados. A su vez, es un llamado a la responsabilidad y la ética individual en el uso de estos beneficios.