La inteligencia artificial y su impacto en la regulación de EE.UU.

La inteligencia artificial comienza a desempeñar un papel central en la elaboración y supervisión de normativas en Estados Unidos, marcando un giro significativo en la manera en que se diseñan, aplican y revisan las regulaciones en el país.

Un salto disruptivo en la administración federal

El gobierno de Donald Trump ha dado luz verde a una decisión sin precedentes: utilizar la inteligencia artificial, concretamente la plataforma Google Gemini, para generar los textos regulatorios clave del Estado federal. Este proyecto piloto arranca en el Department of Transportation (DOT), organismo crucial encargado tanto de la seguridad aérea como del transporte de mercancías peligrosas o la habilitación de conductores. En palabras del entorno presidencial, la intención es que esta prueba inspire cambios similares en otras agencias federales.

Promesas de eficiencia frente a dudas persistentes

La propuesta promete reducir drásticamente los plazos de elaboración y revisión normativa. Según transcripciones internas, Gregory Zerzan, asesor jurídico general del departamento, ha llegado a señalar que «no debería llevar más de veinte minutos obtener un borrador reglamentario con Gemini». Incluso se han escuchado comentarios irónicos sobre los actuales textos legales, calificados como «saladas de palabras», en comparación con los resultados automatizados.

No obstante, esa promesa de agilidad despierta recelos entre especialistas. Si bien hasta ahora las aplicaciones de IA se limitaban a tareas auxiliares —como traducción o análisis—, nunca antes se había delegado en ellas la redacción íntegra de normas. La diferencia no es menor: cualquier error en estos documentos podría desencadenar litigios judiciales, o lo que es peor, provocar accidentes con víctimas.

Diversas voces críticas y un contexto tenso

Diversos expertos han manifestado su inquietud ante esta estrategia. Mike Horton, quien ejerció como responsable interino de IA en el propio DOT, equipara esta apuesta a dejar en manos de «un becario de instituto» el futuro regulatorio nacional. Por su parte, Bridget Dooling (Ohio State University) alerta sobre el atractivo superficial de estas herramientas y pide extremar la prudencia.

Varios elementos explican este giro radical:

• Pérdida masiva de personal especializado, incluidos más de cien abogados desde el inicio del segundo mandato presidencial.
• Presión política para modernizar procesos, incluso a costa de relajar garantías jurídicas tradicionales.

Eficiencia versus salvaguardas legales

A medida que Washington acelera la implantación tecnológica, surge una disyuntiva difícilmente eludible: ¿puede una promesa de modernización justificar el debilitamiento potencial del rigor legal? Por ahora, la administración avanza con paso firme hacia lo desconocido, mientras juristas y expertos piden no olvidar que cada palabra en una norma puede marcar vidas.