La justicia belga rechaza la extradición del independentista catalán Puig a España

La justicia belga rechazó este viernes extraditar al independentista Lluís Puig, reclamado por España por el intento de secesión de Cataluña en 2017, una decisión que podría complicar la entrega del principal dirigente Carles Puigdemont.

“La Cámara del Consejo rechazó ejecutar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), considerando que la autoridad española que la emitió no es competente para ello”, dijo la fiscalía de Bruselas, precisando que estudian apelar la decisión.

Casi tres años después, España fracasa en su tercer intento de extraditar desde Bélgica a alguno de los miembros del gobierno catalán que impulsaron entonces un referéndum prohibido y que abandonaron el país para esquivar la acción judicial.

Por esos mismos hechos, el Tribunal Supremo español condenó en octubre a hasta 13 años de prisión a otros nueve líderes independentistas que permanecieron en España, entre ellos la ex mano derecha de Puigdemont en el gobierno, Oriol Junqueras.

La justicia española acusa al ex consejero de Cultura de malversación de fondos y desobediencia. A tres de sus ex compañeros juzgados en octubre por esos delitos se les condenó a una multa de 60.000 euros (unos 70.000 dólares) e inhabilitación sólo por desobediencia.

Más allá del caso de Puig, la decisión de este viernes complica la entrega desde Bélgica de Puigdemont, al frente del gobierno regional en octubre de 2017, así como de su ex consejero de Sanidad, Toni Comín.

Puigdemont y Comín afrontan una euroorden por sedición y malversación, mientras que la justicia escocesa examina otra contra la ex consejera de Educación Clara Ponsatí por sedición, pero sus procesos están en suspenso al ser eurodiputados.

La Eurocámara debe decidir primero si les retira la inmunidad como pide España. La decisión final se esperaba para mediados de año, pero la pandemia la retrasó a finales de 2020 o inicios de 2021, según fuentes parlamentarias.

Las reuniones a distancia, decididas para evitar la propagación de la COVID-19, no facilitan la confidencialidad necesaria para el examen de los suplicatorios por la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, explicaron esas fuentes a la AFP.