Violencia contra excombatientes es la principal amenaza a la paz en Colombia (ONU)
La violencia contra excombatientes de las FARC, líderes sociales y defensores de los derechos humanos es "la mayor amenaza a la construcción de la paz en Colombia" tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla hace cuatro años, aseguró el jueves la ONU.
“Aunque se han adoptado múltiples medidas para intentar enfrentar esta violencia, cada asesinato es un golpe trágico a la paz”, dijo al Consejo de Seguridad Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU en Colombia que supervisa la reincorporación de unos 7.000 exguerrilleros a la vida civil.
Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, 252 excombatientes han sido asesinados, recordó Ruiz en una sesión virtual del Consejo que respaldó el trabajo de la misión y el apoyo de la ONU a Colombia.
Unos 2.300 combatientes -nucleados en diferentes grupos- conforman las llamadas disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se apartaron del histórico acuerdo y se dedican mayoritariamente al narcotráfico y a la minería ilegal.
“Grupos armados ilegales que persisten en varias zonas del territorio y otros que han surgido exacerbados todos por el narcotráfico y otras economías ilegales son una amenaza para la seguridad”, dijo la canciller Claudia Blum en la sesión virtual del Consejo.
“Esos grupos armados organizados, en especial las disidencias o grupos residuales son los principales victimarios en los ataques a excombatientes de las antiguas FARC-EP”, con una responsabilidad en cerca de 77% de los casos, añadió.
Blum aseguró que el gobierno desplegó en 2020 medidas para fortalecer la protección de excombatientes, pero Ruiz recordó que aún hay 550 vacantes de guardaespaldas para exguerrilleros y que unos mil pedidos de protección aguardan inspección a raíz de falta de presupuesto.
“Este tema debe tener prioridad porque tiene implicancias directas en la seguridad de excombatientes”, afirmó.
Ruiz hizo hincapié asimismo en llevar ante la justicia a los responsables de la violencia, dijo que el gobierno colombiano debe apoyar a la unidad especial de investigación a cargo de estos crímenes y reforzar la capacidad de la justicia local.
Hasta inicios de enero la fiscalía había logrado 34 condenas en el marco de investigaciones, sobre 289 ataques contra rebeldes que dejaron las armas.
Aunque el acuerdo de paz disminuyó la violencia política, Colombia vive un conflicto que en casi 60 años ha dejado más de nueve millones de víctimas, principalmente desplazados.
El país atravesó en 2020 una de las peores olas de violencia desde la firma del acuerdo, con 90 masacres consignadas por el observatorio Independiente Indepaz.