Solicitada indagación a Silvina Batakis por polémicas contrataciones en Banco Nación
El procurador Guillermo Marijuan ha pedido también que otros cinco funcionarios, junto a "Pitty, la numeróloga", testifiquen debido a las anomalías detectadas en el banco. ¿Qué más se descubrirá en esta investigación?
Tl;dr
- El fiscal Guillermo Marijuan solicita la declaración de la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.
- Acusa a Batakis y otros de incumplimiento de deberes, defraudación y peculado.
- Se investiga la contratación de una numeróloga y nombramientos de familiares y amigos en puestos destacados.
- La presidenta del BNA habría aprobado un sueldo desorbitante para la gerente general sin votación previa.
Acusaciones contra la presidenta del Banco Nación
El fiscal federal Guillermo Marijuan ha solicitado la declaración de Silvina Batakis, la presidenta del Banco Nación, junto a otros funcionarios y a Verónica Asad, conocida como Pitty, la numeróloga. Se espera que ofrezcan explicaciones sobre las controvertidas contrataciones en la entidad bancaria.
Imputaciones por incumplimiento y defraudación
Marijuan acusó a la exministra de Economía por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. La gerenta general del Banco Nación, María del Carmen Barros, también ha sido imputada.
Contrataciones y nombramientos cuestionables
La denuncia establece que Batakis y Barros, sin la aprobación del directorio, habrían intervenido en la contratación de Pitty, la numeróloga, por una suma de $1.800.000 para un curso de coaching. Además, se cuestiona la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, y la de Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, en puestos gerenciales en el BNA. También se investiga el nombramiento de un amigo de Barros, Maximiliano Piantanida, en el cargo de Gerente Departamental del BNA.
Una remuneración exorbitante sin previa votación
Se acusa a la titular del BNA de aprobar, sin consulta previa ni votación, un sueldo desorbitante para la gerenta general de la entidad, que se acerca a los 9 millones de pesos. Batakis argumentó que en otros bancos, incluso públicos, el gerente general tiene un salario de esa magnitud. Sin embargo, el directorio cuestionó la decisión por haber sido tomada unilateralmente y en un contexto económico posPASO.
Opinión editorial
Estas acusaciones subrayan la importancia de la transparencia y la ética en la administración pública. Aunque todas las partes tienen derecho a un juicio justo y a defenderse, el sector público debe rendir cuentas y actuar en interés del pueblo. Los nombramientos de familiares y amigos en puestos importantes, así como los salarios exorbitantes, erosionan la confianza pública y deben ser estrictamente regulados.