Pedro Castillo enfrenta 34 años de cárcel por rebelión en Perú
Desde diciembre de 2022, el ex presidente de Perú está en detención. Esto es a raíz de que la Fiscalía solicitó su encarcelamiento por el intento fallido de disolver el Congreso, acusándolo de planear un golpe de estado. ¿Cómo afectará esto a la política peruana?
Tl;dr
- La fiscalía peruana demanda 34 años de prisión para Castillo.
- Acusado de rebelión y tentativa de golpe de estado.
- Otros exfuncionarios y oficiales también enfrentan cargos.
- Castillo está en prisión preventiva hasta diciembre 2025.
La fiscalía de Perú pide 34 años de prisión para el expresidente Castillo
El exmandatario peruano Pedro Castillo enfrenta una demanda de 34 años de prisión. La fiscalía de Perú lo acusa de rebelión a raíz de su intento fallido de disolver el Congreso y “perpetrar un golpe de estado” en diciembre de 2022.
El núcleo de las acusaciones
El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente intentó tomar el control del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. Esta acción, interpretada como un intento de golpe de Estado, llevó a su destitución inmediata por “incapacidad moral”.
Además de Castillo, otros exfuncionarios y oficiales también enfrentan cargos. Entre ellos figuran la ex primera ministra Betssy Chávez, los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, y varios oficiales de la Policía Nacional, incluyendo a Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
En prisión preventiva
Pedro Castillo, de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios. Desde su detención, Castillo permanece en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, conocida como la cárcel de los expresidentes.
El gobierno de Castillo fue marcado por una inestabilidad manifestada en los cinco gabinetes -con más de 70 ministros- que tuvo en solo 16 meses. Esta inestabilidad culminó en una de las peores crisis recientes de Perú, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
Opinión editorial
Es crucial recordar que, a pesar de los cargos graves y del caos generado, Castillo y los demás acusados tienen derecho a un juicio justo. Este caso es un epítome de cómo la política puede desestabilizar un país y el daño que puede causar a la sociedad. Esperamos que Perú pueda superar esta crisis y fortalecer sus instituciones democráticas.