Legislatura entrega documentos en caso Chocolate: faltan hojas y aparece un ‘ñoqui’ de 124 años
Existen incertidumbres y áreas grises en los archivos de los "empleados fantasma" que la Cámara de Diputados de Buenos Aires remitió a la justicia. También se menciona lo que afirmó el Jefe de Personal. ¿Qué implicaciones podría tener esto?
Tl;dr
- Juan Méndez y Sheila Maroni, dueños de tarjetas de débito investigadas.
- Irregularidades en los legajos de los empleados.
- Pablo Parente, jefe de Personal, testificó en la causa.
- Investigan fraude multimillonario en la Cámara de Diputados.
Una trama de fraude y corrupción
En el contexto de una investigación en curso, la trama de corrupción en la Cámara de Diputados bonaerense se vuelve cada vez más compleja. Juan Méndez y Sheila Maroni, individuos vinculados a la causa, se encuentran entre los dueños de las 48 tarjetas de débito bajo análisis.
Irregularidades en los documentos
Las irregularidades en los legajos de los empleados son una constante. Falta información en algunos apartados y en otros se detectó información manipulada. Curiosamente, algunos de estos legajos digitales presentan campos completados a mano y luego escaneados, como en el caso de Maroni.
Además, “ninguno presenta fojas referidas a sanciones, a licencias u otros pormenores habituales de un historial laboral”, lo que suma sospechas sobre la legitimidad de estos expedientes.
El testimonio de Pablo Parente
Entre los testimonios recogidos se encuentra el de Pablo Parente, actual jefe de Personal de Diputados. Parente, con más de 30 años de experiencia en la Legislatura, distinguió entre las responsabilidades de los empleados de planta temporaria y permanente, y los contratos de locación de servicio.
En su testimonio, Parente afirmó que “las certificaciones se destruyen periódicamente”, lo que puede explicar la falta de información en algunos legajos.
Opinión editorial
Esta trama de fraude y corrupción pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia en las instituciones gubernamentales. Se debe exigir responsabilidades, pero también implementar medidas que impidan la repetición de estas prácticas. Es hora de que la ética y la honestidad sean la norma, no la excepción.