La Casa Rosada evalúa reducir miles de contratos estatales tras no renovar 15.000 en marzo
El Gobierno solicitó una auditoría de todos los empleados para verificar su papel, actividad y asistencia. Los recortes de marzo representan el 20% del total de empleados contratados por los ministerios, y se anticipan más reducciones en los próximos meses. ¿Cómo afectará esto a la administración pública?
Tl;dr
- El Gobierno planea cancelar 15.000 contratos estatales.
- El objetivo es reducir las contrataciones del Estado en un 30%.
- Las áreas afectadas incluyen Télam, AYSA, INCAA y ANSES.
- Los gremios estatales han expresado su descontento.
Reducción de contratos estatales
El Gobierno tiene en marcha una medida impactante: la cancelación de al menos 15.000 contratos de trabajadores estatales. Esta acción, prevista para fines de marzo, forma parte de un objetivo mayor: la reducción de las contrataciones del Estado en un 30%, medida que afectará a más de 55.000 empleados.
Verificación de funciones y asistencias
La reducción de la planta estatal está dirigida por el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Su estrategia se basa en auditar a los empleados de todas las áreas del Estado para verificar su función, actividad y asistencia. Esta medida se implementará de forma progresiva, permitiendo tiempo para identificar a los trabajadores que cumplen con sus tareas y aquellos que no.
Excepciones y renuncias voluntarias
No todos los contratos se cancelarán. De hecho, se emitirá un decreto similar al 84/2023 que permitirá a los titulares de las carteras exceptuar a los empleados “indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción”. Además, “en el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
Reacciones de los gremios estatales
Esta medida ha provocado reacciones adversas de los gremios estatales, incluyendo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ha expresado su descontento, señalando que las protestas y la conflictividad en el Estado continuarán en aumento.
Opinión editorial
Esta medida, aunque necesaria en la visión del Gobierno, plantea serias preocupaciones. Mientras se busca eficiencia y austeridad, no se debe olvidar el impacto humano. La cancelación de contratos significa familias que pierden ingresos, lo que puede agravar la situación social. Es crucial que el Gobierno implemente estrategias para mitigar este impacto y asegure que los despidos no resulten en una crisis social.