Gobierno solicita intervención de la Corte Suprema y suspensión de juez de Rawson por quita de subsidios
La Procuración del Tesoro presentó ante el Máximo Tribunal una petición relacionada con el Fondo Compensador del Transporte, tras transferir los fondos que un tribunal provincial había ordenado devolver. ¿Cuál será el próximo paso en este complicado asunto legal?
Tl;dr
- El Gobierno presenta un per saltum ante la Corte Suprema en el conflicto con Chubut.
- Pide la inhibición del juez de Rawson, favorable al gobernador Torres.
- El Gobierno transfirió a Chubut los recursos retenidos horas después de la presentación.
- El gobernador de Chubut reclama $13.500 millones de deuda del Estado nacional.
El Gobierno apela a la Corte Suprema en la disputa con Chubut
La batalla legal entre el Gobierno nacional y la provincia de Chubut ha alcanzado un nuevo pico de intensidad. El Gobierno ha presentado un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, buscando inhibir al juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien hasta ahora ha favorecido al gobernador Ignacio Torres en la disputa por el Fondo Compensador del Transporte.
Transferencia de recursos y apelaciones
La presentación se realizó pocas horas después de que el Gobierno transfiriera a Chubut los recursos retenidos. En el documento presentado ante la Corte Suprema, la Procuración del Tesoro argumenta que el juez de Rawson “resulta incompetente para entender en la causa” y que el “Máximo Tribunal” debe ser el que intervenga.
El conflicto con otros gobernadores
Después de una sentencia judicial favorable, los gobernadores, que habían amenazado con cortar el suministro de gas y petróleo, han suavizado su tono y han convocado al Presidente al diálogo. Paralelamente, el Gobierno ha transferido los fondos retenidos. Sin embargo, la disputa parece estar lejos de haber terminado, ya que el gobernador Torres reclama $13.500 millones de deuda del Estado nacional por los fondos de la Coparticipación.
Opinión editorial
La disputa entre el Gobierno y Chubut es un claro ejemplo de la tensión entre la necesidad de equilibrar las finanzas y la obligación de cumplir con los compromisos financieros. Es esencial que se encuentre una solución que garantice la estabilidad fiscal sin comprometer los servicios esenciales. Este caso pone en relieve el desafío constante que representa la gobernanza en un país diverso y vasto como Argentina.