Exintendente de Córdoba acusado de transferir $10M de fondos municipales a su cuenta
Facundo Manzoni ha señalado a Gabriel Fernández, exalcalde de Viamonte, de otorgarse "préstamos personales sin intereses", registrados como "adelantos de salario". ¿Qué tipo de delitos y posibles sanciones podría conllevar esta conducta discrecional?
Tl;dr
- Facundo Manzoni asume como intendente en Viamonte.
- Descubre un déficit financiero y presuntos retiros irregulares de su antecesor.
- Presenta una denuncia en la fiscalía de La Carlota.
- El exintendente Fernández niega conocer la denuncia.
Un nuevo intendente y un oscuro descubrimiento
Facundo Manzoni, conocido como “el intendente del sulki”, asumió su nuevo cargo en la localidad cordobesa de Viamonte el 10 de diciembre, poniendo fin a la era de poder del peronismo en la región. Sin embargo, en sus primeras 72 horas de gestión, Manzoni se encontró con un panorama sombrío: una deuda municipal de casi tres millones de pesos y la ausencia de fondos para pagar los sueldos y aguinaldos de los trabajadores municipales.
Irregularidades financieras y una denuncia
Este escenario financiero llevó a Manzoni a solicitar un informe al área de Tesorería de la Municipalidad y a investigar el manejo del presupuesto durante la gestión de su predecesor, Gabriel Fernández. Según la denuncia presentada por Manzoni y su abogado Juan Pablo Oviedo, Fernández realizó retiros irregulares de dinero de la cuenta de la Municipalidad en el Banco de Córdoba, totalizando la suma de $10.223.258,47 entre 2015 y 2023.
Manzoni afirma que estos retiros, que fueron registrados como adelantos de sueldo, eran en realidad “autopréstamos financieros a intereses cero”, dado que Fernández percibía su salario de manera regular. Además, alega que el dinero retirado no correspondía a la partida de salarios y estaba destinado a otros gastos aprobados por el Concejo Deliberante.
La defensa del exintendente y el punto de vista legal
Por su parte, Fernández argumenta que no ha recibido ninguna notificación judicial y desconoce la denuncia. Desde el punto de vista legal, el abogado Leandro Furundarena señala que los actos denunciados podrían constituir defraudación, administración fraudulenta y estafa, delitos que podrían implicar una pena de hasta seis años de prisión.
Opinión editorial
El caso de Viamonte pone en evidencia la urgente necesidad de transparencia y responsabilidad en la gestión pública. Es imperativo que los funcionarios electos actúen siempre en interés de sus ciudadanos, y no en beneficio propio. Este escenario refleja un flagrante abuso de poder, que desafía la confianza de la comunidad en sus líderes. Pero también, es un recordatorio de que la vigilancia y el escrutinio cuidadoso son fundamentales para prevenir y descubrir tales irregularidades.