El futuro del contrato de alquiler tras el DNU de Javier Milei
El presidente ha abolido la Ley de Alquileres, modificando así la forma en que se venían realizando los acuerdos entre las partes. ¿Cómo crees que esto afectará a los futuros arrendamientos?
Tl;dr
- Javier Milei derogó la Ley de Alquileres.
- El contrato de alquiler es ahora un acuerdo privado.
- Las partes pueden acordar las condiciones de alquiler.
- Los contratos de alquiler existentes se respetarán hasta su vencimiento.
Desregulación del Mercado de Alquiler
El reconocido Javier Milei ha tomado una decisión trascendental mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En un intento de desregular la economía, ha oficializado la derogación de la Ley de Alquileres, implementando un total de 366 medidas.
El nuevo rol del Estado en los Alquileres
Con esta derogación, el contrato de alquiler se transforma en un acuerdo privado entre dos partes: el inquilino y el propietario. El Estado ya no tiene un rol regulador en estos acuerdos. Esto implica que las partes implicadas tienen la libertad de estipular las normas que regirán su contrato de alquiler, siempre y cuando estas sean firmadas ante un escribano público para su legalización.
Libertad para acordar condiciones
Además, las partes tendrán la posibilidad de acordar detalles como la frecuencia de los aumentos del alquiler y la moneda en la que se realizarán los pagos. Antes de esta derogación, los contratos de alquiler debían ser en moneda nacional y los aumentos se realizaban cada seis meses.
Respeto por los contratos vigentes
A pesar de este cambio, es importante destacar que los contratos de alquiler actuales deben respetarse hasta su fecha de vencimiento. Esto significa que las condiciones estipuladas en dichos contratos se mantendrán hasta que lleguen a su fin, a menos que el contrato indique explícitamente lo contrario.
Opinión editorial
Esta decisión de Javier Milei, aunque polémica, puede ser vista como un intento de fomentar la autonomía y la libre negociación entre las partes. Sin embargo, es esencial que tanto inquilinos como propietarios estén bien informados y asesorados para evitar posibles desequilibrios y abusos de poder en estos acuerdos. Este nuevo escenario plantea una necesidad imperante de educación financiera y legal para todos los actores involucrados.