El Fondo de Grabois solo completó 15 de las 165 casas prometidas en Chaco
Iniciadas en febrero de 2022, las obras debían concluir en octubre de 2023. Sin embargo, a día de hoy, sólo se ha construido menos del 10% de las viviendas. ¿Lograremos cumplir con el plazo previsto?
Tl;dr
- El Gobierno de Javier Milei investiga al FISU, anteriormente controlado por Fernanda Miño.
- El FISU se financiaba con impuestos y tenía como objetivo urbanizar barrios populares.
- El proyecto de urbanización en La Rubita, Chaco, está bajo escrutinio por irregularidades.
- Una denuncia penal señala posibles irregularidades en la utilización de los fondos del FISU.
Investigación sobre el FISU
El Gobierno de Javier Milei ha centrado su atención en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una caja millonaria que hasta hace poco estaba en manos de Fernanda Miño, una dirigente que respondía a Juan Grabois.
Financiamiento y objetivo del FISU
El FISU obtenía su financiamiento del 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS y del 15% de lo acumulado con el Impuesto a la Riqueza, un impuesto promovido por Máximo Kirchner que consistía en cobrar entre un 2% y 3,5% a quienes poseían un patrimonio superior a los $200 millones. El objetivo principal de este programa era la urbanización de diversos barrios populares en todo el país.
El caso de la Rubita, Chaco
Uno de los proyectos que actualmente está siendo auditado por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana es el de La Rubita, en Chaco. Alberto Fernández había prometido urbanizar completamente este barrio, pero entregó menos del 10% de las casas prometidas. De las 165 viviendas prometidas, sólo se completaron 15. Las restantes fueron entregadas en condiciones insatisfactorias, sin techos, puertas, ventanas, ni conexiones básicas como gas y luz. Además, muchas de ellas no contaban con baño.
Según documentos internos, se gastaron más de $4300 millones para el proyecto en este barrio popular chaqueño. Actualmente, se está investigando a dónde fueron estos fondos y por qué no se cumplió con lo prometido.
Denuncia penal
Esta situación ha motivado una denuncia penal por parte de un grupo de diputados provinciales, quienes señalan que se gastó más dinero del inicialmente estipulado en el proyecto. Ahora, el propio Gobierno Nacional está investigando el fondo que en su momento era manejado por Fernanda Miño.
Opinión editorial
Este caso pone de manifiesto la necesidad de transparencia y control en la gestión de los fondos públicos, especialmente aquellos destinados a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Una vez más, es fundamental que se haga justicia y se sancione a quienes han abusado de su poder y posición.