Ejecutivo en marcha: tras reunirse con gobernadores, apunta a la privatización de 13 empresas públicas
La lista actualizada tiene 23 empresas menos que la propuesta presentada al Congreso en enero. Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Radio y Televisión Argentina están en la mira para ser completamente privatizadas, mientras que Banco Nación y ARSAT seguirían un esquema mixto. ¿Cómo impactará esto en la economía argentina?
Tl;dr
- El gobierno redujo a 13 las empresas a privatizar.
- Algunas empresas serán totalmente privatizadas, otras serán mixtas.
- El plan de privatizaciones forma parte de la Ley Ómnibus.
- La negociación con los gobernadores aún presenta dificultades.
El Ejecutivo y sus planes de privatización
Tras varias reuniones con los gobernadores en la Casa Rosada, el Ejecutivo ha decidido reducir a 13 la lista de empresas que pretende privatizar, una propuesta que será presentada ante el Congreso. En su proyecto original de la Ley Ómnibus, presentado en diciembre, la lista contaba con 41 empresas, una cifra que disminuyó a 36 en enero.
Las empresas en juego
Según la información obtenida por TN, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ex Enarsa), Radio y Televisión Argentina, Yacimientos Carboníferos Río Turbio e Intercargo son las empresas que se enfrentan a una privatización total. Por otro lado, Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación y todas las empresas del grupo Nación, y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) podrían quedar sujetas a un “esquema de empresa mixta”.
Los retos de la negociación
La negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores se ha estancado debido a la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Los peronistas y los patagónicos, representados por el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, son los que más se oponen. Sin embargo, el Gobierno insiste en esta vía para la recomposición de los fondos, que significarían 6000 millones de dólares (1,4% del PBI) para las provincias.
Opinión editorial
La privatización de las empresas estatales es un tema delicado y polémico. Aunque puede ser una estrategia eficaz para reducir la deuda y mejorar la eficiencia, es fundamental que el Gobierno maneje este proceso con transparencia y equidad. Además, es crucial que se garantice la protección de los derechos de los trabajadores y que se mantenga el acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.