Denuncian Extorsión a Beneficiarios del Potenciar Trabajo: ‘Si no Pagan, los Doy de Baja’
Naara Salomón, hija del ombudsman de Mar del Plata, está siendo investigada por la Justicia por presuntamente cobrar un porcentaje del salario para un "fondo de lucha". ¿Qué consecuencias enfrentará por sus acciones?
Tl;dr
- Naara Salomón acusada de extorsión y fraude al Estado.
- Las víctimas eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
- El caso fue transferido al fuero federal.
- Salomón presuntamente obligaba a los beneficiarios a movilizarse y aportar dinero.
Acusaciones graves contra Naara Salomón
Naara Salomón, referente de la organización social Frente Social La Nueva Independencia de la UTEP, enfrenta graves acusaciones. Se le imputa el presunto delito de extorsión, en perjuicio de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, y de defraudación al Estado nacional.
Presuntos delitos y traspaso al fuero federal
La denuncia, presentada por la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Sofía Pomponio, alega que Salomón obligaba a los beneficiarios del programa a participar en manifestaciones y a aportar una parte de su salario a un presunto “Fondo de lucha”. En caso de incumplimiento, se les amenazaba con la expulsión del programa social. Ante la gravedad de los delitos, el caso ha sido transferido al fuero federal.
El modus operandi de la supuesta extorsión
“El Potenciar Trabajo” es un programa de asistencia social que requiere que los beneficiarios trabajen 60 horas a cambio de un salario de alrededor de 78 mil pesos. Las organizaciones sociales actúan como intermediarios entre los beneficiarios y el Estado, supervisando los cumplimientos de las obligaciones de los beneficiarios.
Según la denuncia, Salomón habría utilizado su posición para obligar a los beneficiarios a movilizarse a diversas protestas contra el Gobierno. Además, se les exigía contribuir al “Fondo de lucha”, amenazándolos con la expulsión del programa si no cumplían.
La “caja negra” de las organizaciones sociales
Salomón también está acusada de recaudar dinero para financiar la llamada “caja negra” de las organizaciones sociales. Se alega que ella prometía trabajo a las personas desempleadas a cambio de sus servicios y contribuciones al fondo. Según la diputada Pomponio, Salomón amenazaba a los beneficiarios con la expulsión del programa si no depositaban el dinero en una cuenta de Mercado Pago.
Opinión editorial
Este caso pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de supervisión y control de los programas sociales. Es inaceptable que los más vulnerables sean explotados de esta manera. La Justicia debe actuar con prontitud y firmeza para que los culpables rindan cuentas.