Bullrich impulsa protocolo para ampliar uso de armas de fuego en fuerzas federales
La Ministra de Seguridad enfatizó que, debido al peligro y la vulnerabilidad que enfrentan nuestros prefectos en sus labores, el cambio se implementará inicialmente en la Prefectura Naval. ¿Cómo impactará esto en su seguridad en el trabajo?
Tl;dr
- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reimplanta el protocolo de uso de armas de fuego.
- La medida es justificada por los ataques en la frontera a Prefectura.
- El protocolo había sido derogado en 2019 por la exministra Sabina Frederic.
- Frederic crítica la medida, alegando que puede conducir a “ejecuciones extrajudiciales”.
El protocolo de armas de fuego está de regreso
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado recientemente la reimplantación del protocolo para el uso de armas de fuego, derogado en 2019. Esta decisión, según la ministra, busca fortalecer la protección de la Prefectura frente a los ataques en la frontera.
La necesidad de una respuesta fuerte en la frontera
“Vimos la peligrosidad y la desprotección que tienen nuestros prefectos”, afirmó Bullrich, justificando así la necesidad de permitir a la Prefectura el uso de todo tipo de armas de fuego. La ministra enfatizó que las armas cortas actualmente permitidas no son suficientes en la frontera, donde los delitos de contrabando y criminalidad organizada son frecuentes.
Criticismo y controversia
La reimplementación de este protocolo ha generado críticas. La exministra Sabina Frederic, quien derogó este protocolo en 2019, manifestó su desacuerdo con la medida, alegando que podría permitir que “las Fuerzas de Seguridad hostiguen a la población sin causa”. Frederic calificó la medida como una “pena de muerte encubierta” que vulnera la protección de la Constitución y el Código Penal.
Opinión editorial
Esta decisión no es más que un reflejo de un dilema que afronta nuestra sociedad: la necesidad de seguridad frente al temor al abuso de poder. Es esencial que se implementen medidas que refuercen la seguridad, pero deben ser balanceadas con el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. La polémica en torno a este protocolo subraya la importancia de un debate público y transparente sobre el equilibrio entre seguridad y libertad.