Acusan a la jefa de Aduana por deber US$ 250.000 a empresa bajo investigación por contrabando
La funcionaria habría solicitado un préstamo a una empresa vinculada con el contrabando para adquirir una vivienda. ¿Podría esta acción tener consecuencias para su puesto?
Tl;dr
- Rosana Lodovico, titular de la Aduana, está acusada de corrupción y lavado de activos.
- La acusación se basa en un préstamo de una empresa vinculada al contrabando en 2022.
- La diputada Marcela Campagnoli y la Fundación Apolo presentaron denuncias separadas.
- La causa legal contra Promarlon SA, vinculada a Lodovico, comenzó en 2017.
Investigación de corrupción
Rosana Lodovico, titular de la Aduana, ha sido acusada de corrupción y lavado de activos en un caso que está sacudiendo al sistema político argentino. El origen de las acusaciones radica en un préstamo que Lodovico obtuvo de una empresa relacionada con el contrabando en 2022.
Denuncias presentadas
La diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica ha presentado una denuncia, alegando que Lodovico y su exmarido, Luis Antonio Bocassi, recibieron un “préstamo” de US$250.000 de Promarlon SA, en un momento en que la empresa estaba siendo investigada por contrabando.
Además, la Fundación Apolo, dirigida por el legislador Yamil Santoro, presentó una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
El papel de Promarlon SA
Promarlon SA está en el centro de estas acusaciones. La empresa está implicada en una causa legal iniciada por la propia Aduana en 2017. Se acusa a 25 personas, incluyendo miembros de la empresa y funcionarios públicos, de formar parte de una organización dedicada al contrabando de mercaderías entre Paraguay y Argentina.
Respuesta de Lodovico
Ante estas acusaciones, Lodovico alegó que el préstamo se utilizó para comprar una casa y que se declaró ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, su posición no ha sido corroborada por el Gobierno, que aún no ha hecho declaraciones al respecto.
Opinión editorial
En tiempos de crisis económica y social, es imperativo que los funcionarios públicos mantengan los más altos estándares de ética y transparencia. Este caso subraya la importancia de la vigilancia continua y la responsabilidad pública para garantizar la integridad de nuestras instituciones.