Meta enfrenta desafíos legales y financieros en Canadá y Reino Unido

Meta enfrenta actualmente desafíos legales y financieros tanto en Canadá como en el Reino Unido, involucrándose en disputas significativas que podrían impactar su presencia y operaciones en estos mercados clave para la industria tecnológica global.

Meta desafía regulaciones: disputas abiertas en Canadá y Reino Unido

El clima entre Meta Platforms y las autoridades canadienses se ha vuelto tenso tras la presentación del proyecto de ley C-22. Esta iniciativa, impulsada por Ottawa ante el auge de la criminalidad digital, pretende fortalecer las capacidades de investigación policial. Si bien la multinacional reconoce la necesidad de actualizar los marcos normativos para hacer frente a redes cada vez más globalizadas, se muestra firme en su oposición a una disposición clave: la posibilidad de que múltiples organismos accedan a datos almacenados por proveedores electrónicos.

Puntos de fricción: privacidad y seguridad

Desde la perspectiva de Meta, esta medida representa una amenaza directa para la privacidad. La compañía ha solicitado formalmente al gobierno canadiense que descarte cualquier obligación que implique integrar herramientas de vigilancia externas en sus sistemas. Reclama, además, una definición precisa sobre qué elementos podrían debilitar el cifrado o crear vulnerabilidades. No obstante, cabe señalar que el grupo no se opone al proyecto en su totalidad. Por ejemplo, valora positivamente los esfuerzos por modernizar el Código Penal y agilizar los intercambios de información entre operadores y autoridades, siempre que no se sobrepasen ciertos límites.

En un giro curioso, Meta desactivó el cifrado de extremo a extremo en Instagram el pasado 8 de mayo de 2026, argumentando escasa demanda real entre los usuarios. Este movimiento contrasta con su postura pública sobre la protección de datos.

Londres: pulso judicial contra Ofcom

El enfrentamiento con las autoridades no se limita al continente americano. En el Reino Unido, Meta Platforms ha iniciado acciones legales contra el regulador británico Ofcom, cuestionando la fórmula empleada para calcular las multas derivadas del estricto Online Safety Act. Lo que más inquieta es la posibilidad de que las sanciones tomen como referencia la facturación mundial del grupo, algo considerado desproporcionado por varias firmas afectadas.

Varios elementos explican esta decisión:

• Métodos poco transparentes para fijar importes sancionadores.
• Poder excesivo al considerar ingresos globales.

Según medios británicos, otras compañías como Epic Games y asociaciones sectoriales estarían valorando también acudir a los tribunales.

Nuevos equilibrios entre plataformas y Estados

Los movimientos recientes dejan entrever un creciente malestar entre los gigantes tecnológicos y los reguladores nacionales. Las próximas semanas serán decisivas para calibrar si este pulso deriva en cambios profundos en torno a cuestiones clave como la confidencialidad, la soberanía digital o la transparencia normativa. Todo indica que asistimos a una etapa donde la relación entre plataformas globales y Estados redefine constantemente sus propios límites.