Musulmanes en Rakáin, Birmania, se sienten como en “una prisión”

Cuando la multitud saqueó sus viviendas, los musulmanes en la ciudad de Kyaukphyu fueron detenidos por la policía y llevados a un campamento por “su propia seguridad” y les aseguraron que solo estarían allí unos días.

Siete años después, más de mil de esas personas todavía están allí, y solo pueden irse con permiso durante dos horas y bajo la supervisión de policía armada.

“Es como una prisión”, dice Phyu Chay sobre el campamento en el estado de Rakáin, en Birmania, donde los ‘residentes’ viven en chozas de metal corrugado bajo la vigilancia constante de la policía.

“No hay trabajos y luchamos por conseguir la medicación adecuada”, dice.

No siempre fue así: muchos en el campamento son musulmanes kaman, quienes, a diferencia de los musulmanes rohinyás, son una minoría oficialmente reconocida mayoritariamente budista Birmania, y han vivido pacíficamente con diferentes grupos étnicos en Kyaukphyu.

Pero en 2012 los disturbios intercomunales se extendieron por la ciudad por toda Birmania, después de que se difundió la noticia de una presunta violación de una mujer budista por parte de hombres musulmanes.

A nivel nacional, más de 200 musulmanes fueron asesinados, decenas de miles fueron desplazados y el escenario estaba preparado para la sangrienta purga de cientos de miles de rohinyás en el norte de Rakáin cinco años después.

En cuestión de días, las casas y los medios de subsistencia de los musulmanes de Kyaukphyu fueron destruidos.

Vigilancia armada

Antes de los ataques muchos eran maestros, abogados y jueces, mientras que otros pescaban o conducían carros de bueyes que transportaban carga y personas entre la orilla y los barcos de madera que atracaban en la playa.

Todos los trabajos en la ciudad ahora son realizados exclusivamente por budistas étnicos de Rakáin, quienes también se han apoderado de las casas de musulmanes que restaban intactas.

Htoo Maung, un musulmán kaman cuyo nombre ha sido cambiado por razones de seguridad, dice a AFP que muchas de estas personas son extrañas.

“La gente del pueblo no nos atacó”, insiste.

A pesar de la profunda sospecha sectaria y la división religiosa, Maung y otros aún mantienen una relación cautelosa con viejos amigos y vecinos budistas.

A veces los visita en Kyaukphyu para obtener un plato de la tradicional sopa de fideos de Rakáin.

“Me dan dumplings y arroz antes de que regresemos al campamento”, dice.

Pero no hay como olvidar el nuevo orden social: Maung tiene un toque de queda y sus guardias armados vigilan sus viajes.

Al igual que los otros musulmanes que todavía están en el campamento, Maung no tiene ni los contactos ni el dinero para irse, pero incluso si pudiera hacerlo su casa fue destruida, y apenas resta un terreno con malezas.

“Me siento tan triste, nunca imaginé que esto podría suceder”, dice a la AFP mientras vuelve a visitar su antigua calle en una de sus breves excursiones a la ciudad.

“No somos ilegales”, afirma.

Unos 130,000 musulmanes, la gran mayoría rohinyás, languidecen en varios campos en el centro de Rakáin. Cientos de miles más están atrapados en aldeas prácticamente sin libertad de movimiento.

Amnistía Internacional considera que el “sistema institucionalizado de segregación y discriminación” es tan severo que constituye “apartheid”.

Esas personas carecen de acceso a la educación, la atención médica y el trabajo, una situación que Laura Haigh, de Amnistía, describe como “inaceptable y criminal”.

“Han vivido aquí por generaciones”

Muchos se han visto obligados a aceptar una controvertida Tarjeta Nacional de Verificación (TNV), que los deja en un limbo legal con pocos derechos hasta que los titulares “prueben” su reclamo de ciudadanía plena.

Los grupos de derechos humanos condenan la TNV como una herramienta discriminatoria impuesta a muchos musulmanes, particularmente a los rohinyás, quienes dicen que ya deberían ser tratados como ciudadanos de pleno derecho.

Pocos han superado con éxito el complicado camino burocrático para obtener una identificación completa.

Bajo presión internacional, el gobierno ha anunciado que cerrará todos los campamentos en todo el país.

Pero la ONU, las ONG y los grupos de derechos humanos temen que el plan actual solo afianzará aún más la segregación.

Quienes se liberen de los campamentos no podrán regresar a sus antiguos hogares y, en cambio, serán reasentados en un nuevo alojamiento cerca de los antiguos campamentos.

Las autoridades dicen que cualquier intento de reintegrar a las comunidades podría desencadenar nuevos disturbios.

El legislador local Kyaw Than, de Kyaukphyu, insiste en que la ciudad está lista para recibir de retorno a los musulmanes, pero solo puede hacerlo con la luz verde del gobierno.

“Todos en el campamento son ciudadanos”, dice, y describe la “falta de humanidad” hacia la población musulmana de la ciudad.

El gobierno no respondió a las solicitudes de comentarios.

Saw Pu Chay, de 53 años, dirige un grupo que defiende derechos de las mujeres en un edificio del centro de la ciudad que sirvió como mezquita antes de 2012.

Las cavidades en las paredes, de donde se arrancaron símbolos islámicos, son testimonio de la violencia vivida hace siete años.

Ella defiende el uso del edificio, diciendo que amigos musulmanes locales a veces pasan para verla camino al mercado, pero deja en claro que los rohinyás más al norte en Rakáin son forasteros no bienvenidos.

“Los conozco bien, ya que hemos vivido uno al lado del otro desde que éramos jóvenes”, dice sobre los musulmanes locales. “Han vivido aquí por generaciones”.