Congelada la negociación para renovar un órgano judicial clave en España

Las negociaciones entre el gobierno de izquierda y la oposición de derecha sobre la renovación de un órgano judicial clave, cuya tentativa de reforma suscitó la inquietud de la Comisión Europea, quedaron congeladas, anunció el ejecutivo.

“Ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto”, indicó el gobierno del socialista Pedro Sánchez en un comunicado la noche del jueves, al término de varias jornadas de negociaciones con el Partido Popular (PP, conservadores), principal fuerza de oposición.

El resultado sorprendió más luego de que el mismo jueves el gobierno y la oposición alcanzaran un acuerdo para renovar la dirección del sistema de medios públicos, lo que hacía presagiar más pactos, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encarga entre otras cosas de nombrar a los jueces.

Pero según el diario El País, las discusiones encallaron por la nominación como vocal del juez José Ricardo De Prada, uno de los artífices de la condena en 2018 a antiguos cargos del PP y al propio partido como “partícipe a título lucrativo” en un macrojuicio por corrupción.

Este veredicto propulsó la moción de censura en el Parlamento que sacó del poder al entonces presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, y lo sustituyó por Pedro Sánchez.

Doce de los veinte miembros del CGPJ son nombrados por las dos cámaras del Parlamento, pero su renovación ha estado bloqueada por dos años a falta de un acuerdo.

Buscando quebrar este ‘impasse’, el gobierno anunció en otoño pasado que buscaría elegir a estos doce miembros en el Parlamento con una mayoría absoluta y no con la mayoría calificada de tres quintas partes.

Ese cambio le habría permitido a la coalición de izquierda en el gobierno elegir jueces ideológicamente cercanos, mientras que el sistema actual obliga al gobierno y la oposición a llegar a compromisos.

Ese proyecto de reforma irritó a la oposición y a una parte de los jueces, pero también llegó a inquietar a la Comisión Europea, que expresó públicamente sus reservas.

El gobierno terminó por engavetar la reforma para retomar las negociaciones con los conservadores, lo que fue saludado por Bruselas.