Bronca en España por el plan del gobierno contra la desinformación
El gobierno español de izquierdas ha lanzado un plan contra la desinformación que ha puesto en pie de guerra a numerosos medios y a la oposición, por ver en él una amenaza a la libertad de expresión y un intento de crear un "ministerio de la Verdad".
El plan, que entró en vigor a fines de octubre en virtud de una orden aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, detalla cómo diversos organismos del gobierno, entre ellos el servicio secreto y los ministerios de Exteriores y Defensa, combatirán la desinformación.
El texto invoca a la Comisión Europea, que define este fenómeno como “información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población”.
El procedimiento completa y protocoliza unas prácticas que ya empezaron en 2017 con el anterior gobierno conservador del Partido Popular (PP).
Y supone la respuesta de España a un pedido de la UE de combatir la desinformación, después de que el bloque acusara a China y Rusia de orquestar campañas espurias destinadas a minar las democracias europeas.
El plan contempla cuatro niveles de acción, empezando por el monitoreo de contenidos en internet para detectar campañas de desinformación, y llegando si es necesario hasta una “respuesta a nivel político” por parte del gobierno si se demuestra que hay otro Estado detrás de esa campaña.
Los estadios intermedios prevén “solicitar la colaboración” de los medios de comunicación y lanzar campañas informativas desde organismos públicos, incluyendo las redes sociales de la policía y la Guardia Civil, para corregir falsedades que estén circulando.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) reconoce que el Estado necesita luchar contra la desinformación, pero advierte de un “riesgo evidente” de que el gobierno actúe “más como un censor” que como el garante del derecho a la verdad.
“Somos más bien los medios los que tenemos que controlar al gobierno, y no el gobierno quien tiene que controlar a los medios”, dijo a AFP Luis Ayllón, miembro de la junta directiva de la APM y experiodista del diario conservador ABC.
Pablo Casado, líder del PP, el principal partido opositor, acusó al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de sacar “una orden para vigilar medios” y “crear un orwelliano Ministerio de la Verdad”, en referencia a la novela “1984”, la distopía totalitaria de George Orwell.
Contra los antivacunas
La polémica no cesa, y este martes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseveró en el Senado que el objetivo es “luchar contra las campañas de desinformacion que vienen fundalmentalmente del extranjero”, y no censurar determinadas noticias de prensa.
El objetivo “no es decir lo que es o no es verdad, no es cerrar páginas web, no es quitar licencias de difusión, no es meter en la cárcel a los periodistas”, enfatizó.
El gobierno pone como ejemplo la necesidad de estar preparados por si hubiera en redes como Whatsapp una campaña hostil a la vacunación contra el coronavirus, cuando dicha vacuna esté disponible.
“Es obligación del Estado monitorizar y detectar esa amenaza, saber de dónde viene, y tratar de neutralizarla”, dijo a AFP una fuente gubernamental.
Al igual que otros países, España se ha visto expuesta, sobre todo en período electoral, a torrentes de noticias falsas en plataformas como Facebook o Twitter.
Antes de las elecciones legislativas de abril de 2019, por ejemplo, el 26% de los votantes recibieron mensajes de Whatsapp que vehiculaban falsedades, según un estudio del grupo Avaaz.
Entre ellas había una que afirmaba que Pedro Sánchez había acordado apoyar la independencia de Cataluña, o que su abuelo luchó junto con el general fascista Francisco Franco en la guerra civil de 1936-1939.
Una reacción “desproporcionada”
Según Alexandre López Borrull, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Abierta de Cataluña, el gobierno debería antes haber buscado “el máximo consenso político”, especialmente en una España tan polarizada.
Y es que con este dispositivo, “muchos colectivos se han visto atacados o piensan que van contra ellos”, dijo a AFP.
Manuel R. Torres, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autor de un libro sobre desinformación, califica de “desproporcionada” la reacción de algunos medios y de la oposición conservadora.
El plan “es un intento de organizar administrativamente el trabajo de diferentes organismos del Estado, que ya se dedican a supervisar los contenidos desinformativos. No crea capacidades nuevas ni inteferfiere en nada”, dijo a AFP.
“Por desgracia, el propio plan de procedimientos de lucha contra la desinformación ha terminado convirtiéndose en combustible para acciones de desinformación”, consideró.