Inicio de auditorías estatales revela ingresos irregulares de 3000 personas por ministerio
Desde el Gobierno, afirman que la imposición de la presencialidad reducirá la planta estatal en un 10%. Además, anticipan un plan de retiros voluntarios. ¿Cómo afectará esto a los empleados del sector público?
Tl;dr
- El gobierno de Milei planea reducir empleados del Estado no esenciales.
- No se renovarán contratos que venzan el 31 de diciembre.
- Se espera reducir la planta estatal en 30 mil empleados.
- La auditoría busca irregularidades y posibles exoneraciones.
El plan de reducción estatal de Milei
El Gobierno de Javier Milei, con la mirada puesta en la eficiencia, planea un exhaustivo plan de reducción de la planta de empleados del Estado. La ambición es clara: eliminar aquellos puestos que no sean esenciales o no cumplan una actividad relevante para la función del Estado Nacional.
Contratos no renovados y reducción de personal
El plan se encuentra en diferentes etapas y se espera que las auditorías sobre cada uno de los ministerios, secretarías y dependencias puedan estar listas para finales de diciembre. Según el Gobierno, todos los contratos de planta permanente que venzan el próximo 31 de diciembre no serán renovados, en su mayoría. Además, con la obligatoriedad de la presencialidad en los puestos de trabajo, se espera una reducción del 10% de la planta del Estado para marzo.
El alcance de la medida
Actualmente, la Administración Pública Nacional cuenta con casi 400 mil empleados, por lo que se espera una reducción de 30 mil empleados gracias a la medida de presencialidad y la no renovación de contratos. Sin embargo, el número total de reducciones aún se mantiene en reserva hasta que se finalicen las auditorías.
Las auditorías y los retos a enfrentar
Las auditorías, que están siendo coordinadas por la jefatura de Gabinete y Nicolás Posse, buscan también identificar las contrataciones y nombramientos realizados tras la emisión del decreto 426/2022 que prohibía la contratación de nuevos empleados en el Estado. Además, se enfrentan al desafío de decidir qué hacer con los empleados de los ministerios que dejarán de existir y no se convertirán en Secretaría. Si la auditoría revela irregularidades, como la falta de asistencia al puesto de trabajo, surgirá la figura de exoneración, es decir, el Estado no pagará ninguna indemnización.
Opinión editorial
Este plan de reducción es un paso audaz en la búsqueda de eficiencia en la administración pública. Sin embargo, es crucial que se maneje con delicadeza para evitar generar injusticias laborales. La transparencia y el diálogo deben ser pilares en este proceso.