30 años de cárcel en Venezuela por apoyar sanciones internacionales: Nueva ley aprobada
Además, se establecen sanciones de hasta 60 años a los líderes que respalden dichas medidas, con multas que podrían alcanzar hasta un millón de dólares. ¿Qué impacto crees que tendrán estas acciones?
Tl;dr
Una nueva ley en Venezuela
El chavismo, que controla el Parlamento de Venezuela, ha dado un golpe de autoridad con la aprobación de una nueva ley. Dicha ley castiga a quienes respalden sanciones internacionales contra el país con severas penas de hasta 30 años de cárcel y multas que pueden superar el millón de dólares.
Este «castigo» no solo se limita a las sanciones, sino que también se aplica a aquellos que instiguen o apoyen acciones armadas contra la nación. El texto de la ley detalla que cualquier persona que promueva, respalde o participe en tales medidas coercitivas será castigada severamente.
En respuesta a las sanciones de Estados Unidos
La aprobación de esta ley se produce en un momento de tensión con Estados Unidos, que recientemente impuso sanciones a 21 funcionarios y miembros del gabinete del presidente Nicolás Maduro. Esta medida es vista como una respuesta directa a la iniciativa del Congreso estadounidense para reforzar las sanciones contra Venezuela.
La norma también considera las sanciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, después de que el país recibiera más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.
Implicaciones de la nueva legislación
Esta nueva ley también se aplica a aquellos que ponen en riesgo la soberanía del país. Esto incluye el desconocimiento de los poderes públicos o el reconocimiento de inversiones a sujetos que “simulen” representar el poder público. Además, se establece un registro nacional de personas bajo “presunción fundada” de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país.
Finalmente, la legislación en discusión en el Congreso de Estados Unidos, denominada oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo (BOLIVAR por sus siglas en inglés), veta la firma de contratos con personas que tengan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro, considerado “ilegítimo” por Washington.