16 operaciones judiciales en la causa ‘Chocolate’ Rigau en búsqueda de los Albini
La Policía Federal Argentina realizó las operaciones, autorizadas por la justicia tras emitir una orden de detención contra el concejal massista y su padre. ¿Qué llevará a cabo la justicia con ellos ahora?
Tl;dr
- La policía federal allanó propiedades de los Albini.
- La Justicia autorizó el operativo y pidió detenciones.
- Se realizaron 16 allanamientos en total.
- El juez Atencio ordenó la inhibición de cuentas y confiscación de teléfonos.
Operación policial en propiedades de los Albini
La Policía Federal realizó una serie de allanamientos en diversas propiedades de Facundo y Claudio Albini. Este operativo se llevó a cabo tras la autorización judicial y la solicitud de detención de ambos individuos, en relación con el escándalo de las tarjetas de débito en el caso de Chocolate Rigau.
Detalles del allanamiento
Uno de los primeros allanamientos se realizó en una vivienda familiar registrada a nombre de Facundo Albini, situada en la localidad platense de Gonnet. La residencia, que ya no es el hogar del concejal del Frente Renovador sino de su padre, es de dos plantas, tiene un frente de 20 metros e incluye una gran piscina cubierta y diversos bienes de lujo. La Justicia solicitó la confiscación de dispositivos electrónicos y documentos relevantes para la causa.
Además del allanamiento, la orden judicial incluía la detención de los acusados. Sin embargo, cuando los agentes llegaron, no se encontraban en la propiedad. Se sospecha que alguien les pudo haber avisado de la operación. La fiscalía ha solicitado una investigación para determinar si contaron con la ayuda de autoridades de la Bonaerense.
Resultado de los allanamientos
En total, se llevaron a cabo 16 allanamientos simultáneos en diferentes propiedades vinculadas a todos los acusados. Esto incluye a los denominados «empleados fantasma» que recibían pagos del Estado, y cuyo arresto también fue solicitado.
El juez Guillermo Atencio, titular del Juzgado de Garantías N°1, accedió al pedido de detención solicitado por la fiscal Betina Lacki, y sostuvo que los Albini son responsables de asociación ilícita y fraude a la administración pública.
Asimismo, el magistrado ordenó la inhibición de las cuentas bancarias de los implicados y la confiscación de sus teléfonos móviles.
Opinión editorial
Este caso evidencia una vez más la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público. Es inaceptable que los recursos del Estado sean malversados por aquellos en posiciones de poder. Es imperativo que se apliquen medidas más estrictas para prevenir estas prácticas y se castigue a los responsables de manera ejemplar.